ABC CÓRDOBA 15/04/2023
Ejercer como garantes desde la colegiación. Las corporaciones de derecho público, los colegios profesionales, son entidades de gestión autónoma que asumen personalidad jurídica y que representan los intereses de ciertos ámbitos y sectores sociales. Su rango de ejercicio adquiere un papel de notoriedad cada día mayor en una sociedad en constante desarrollo donde la preparación y el compromiso eficiente de cualquier actividad redunda en el consumidor, que a veces ve cómo se vulneran derechos por malas praxis.
La idoneidad, adecuación y pertinencia de estas entidades son algunos de los argumentos que han puesto en valor cinco representantes de corporaciones cordobesas en un desayuno de análisis donde se ha reivindicado la importancia de la colegiación por motivos de aplicación directa sobre los usuarios y quiénes desempeñan acciones laborales.
Abc ha reunido a la presidenta Colegio Graduados Sociales, Carmen Castro; la vicedecana del Colegio Abogados, Concepción Ortega; la presidenta de Colegio de Administradores de fincas, Mercedes Romero; el presidente del Colegio Agentes Comerciales, Antonio Serrano; y la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Ana Moreno, para estudiar el contexto sectorial de cada ámbito, independientemente de la obligatoriedad de algunas corporaciones para ejercer bajo colegiación.
Ventajas reputacionales
Sobre la idoneidad de este imperativo legal, Romero aclara que «aunque no exista como tal esa exigencia en nuestro sector, conviene recordar que el hecho de estar colegiado no solo aporta valor, también concede ventajas, de tipo fiscal, formativas o reputacionales, por citar algunas. De cara al usuario, se aporta una garantía inigualable».
Desde el colectivo inmobiliario, Moreno significa que «nuestra profesión no está regulada como tal, nuestra lucha está ahí, primero en crear un registro obligatorio andaluz», pero que la labor colegial incide en el servicio al cliente dado que, según concreta, «aunque no podamos hablar de intrusismo, nuestra aportación como colegiados influye en la carencia de asesoramiento en la toma de una decisión importante, como es la de adquirir una vivienda».
De su lado, Serrano reprocha la «incidencia negativa» de la Ley Ómnibus, que afecta a algunas profesiones, entre ellas la de agentes comerciales, «algo que se trata de combatir con un amplio despliegue de formación, de reciclaje para nuestros colegiados». Así, añade que «tenemos una oficina de formación permanente» y que los beneficios de estar inscrito colegialmente, «van mucho más allá de los reportes fiscales», como se ha referido y en alusión a unas «ventajas para la actividad» relacionadas con derechos básicos.
Para la abogacía, cuyo régimen de ejercicio sí implica el requisito legal de la colegiación, la relevancia que asume el rol de las corporaciones consiste en «aportar formación, llevar a cabo convenios con otras actividades sectoriales, defender los derechos del colegiado, la contratación de seguros de responsabilidad civil o la gestión de servicios tales como el turno de oficio», entre otras, explicita Ortega.
De similar ámbito y también con carácter de obligatoriedad, ejercen los graduados sociales. Castro apostilla que «el pilar fundamental» en el que basa su significado esta corporación reside en «la formación; que permite que podamos ofrecer un servicio de garantía, que concede plena seguridad en los clientes». En esta línea, concreta que «hemos sido esenciales para la sociedad durante la pandemia y ejercemos un papel de mediación fundamental a día de hoy».
La importancia de la formación
Del ámbito formativo, desde cada una de estas organizaciones se insiste en la idea de poner en alza el valor cualitativo que adquiere la enseñanza y la divulgación, reclamando una apuesta, si cabe aún mayor, para conceder a colegios profesionales más relevancia en este sentido.
Así, se insta a los profesionales a «aprovechar estos servicios», como detalla Romero, un hecho que revierte en el ámbito laboral «impulsando el desarrollo individual y profesional» de las personas trabajadoras ocupadas, como recalca también Ortega.
«A veces no se conoce la actividad del colegio», apostilla Serrano, que hace autocrítica en la labor divulgativa hacia la sociedad. «Hemos tenido una carencia que ahora estamos supliendo y que tiene que ver con explicar qué hacemos y colaborar con otros colegios profesionales».
La burocracia es uno de los aspectos más consultados desde cada sector a sus corporaciones. Moreno matiza que desde el punto de vista social, «a veces se tiene la sensación de que existen actividades no reguladas a las que se les exige demasiado, como en nuestro caso. Para eso estamos los colegios profesionales, para orientar y defender los derechos del colectivo». Romero explica que «a puede que no se entienda en ocasiones, pero nosotros defendemos el patrimonio de las personas, buscamos ayudas y, en todos los casos, tenemos una vía de acceso directo a organismos institucionales, como la consejería de Fomento».
«El turno de oficio es una reivindicación de los graduados sociales; en la abogacía hay tres operadores (abogados, procuradores y graduados sociales), entendemos que nosotros también debemos participar de ello, porque es una parte de la jurisdicción social que conocemos a la perfección», refiere Castro sobre una de sus demandas históricas. Durante el encuentro se evidencia una circunstancia que actúa en contra de los colectivos profesional y que alude a la posible presencia de asociaciones laborales.
Desde la abogacía se evidencia que «las propias asociaciones pueden llegar a actuar en contra del colectivo», reclamando conceder más importancia a los «organismos colegiados». La misma relevancia autoproclama el sector de los agentes comerciales.
«Nosotros tenemos también el reto de la regulación, pero insistimos en nuestra relevancia, porque estamos informados y preparados para resolver cualquier duda; damos múltiples servicios». Romero reflexiona también en la charla sobre el reconocimiento social. En esta línea significa que «es una batalla, movemos el cuatro por ciento del PIB en España y nuestra labor no llega ni a cuatro euros por coste de vivienda».
Según los datos aportados, en nuestro país ejercen quince mil administradores de fincas, doscientos en la provincia de Córdoba. Así, hay doscientos ochenta graduados sociales colegiados en Córdoba, una cifra mayor admite la abogacía en el colegio cordobés, con mil ochocientos ejercientes de los casi veintitrés mil en Andalucía (153.000 colegiados en España).
El colegio de administradores de fincas cuenta con medio centenar, diez de ellos no ejercientes, mientras que en el colegio de agentes comerciales hay inscritos medio millar de profesionales, una cifra que alcanza las cuarenta y nueve mil personas en toda España de una actividad que da empleo a casi trescientas mil personas y moviliza cincuenta y cinco millones de euros al año en volumen de facturación.
